Los 8,1 millones de procesos de baja laboral por contingencias comunes que se registraron en 2023 tuvieron un coste de 25.300 millones de euros para la Seguridad Social y para las empresas, una cuantía que se ha incrementado un 17,6% respecto al año anterior.

Según el informe sobre absentismo laboral que la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT) ha publicado este viernes, esa cuantía se ha multiplicado por 2,5 desde 2015.

Este aumento en los últimos años se debe, entre otras cosas, a que el número de bajas se ha disparado. En 2023, se iniciaron 8.106.077 procesos, un 11% más que en 2022 y un 35,87% más que en 2019, cuando las bajas solicitadas fueron 5,9 millones. La incidencia mensual (bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos por el sistema) fue de 40,36 en el caso de los trabajadores por cuenta ajena y de 10,60 en el de los trabajadores por cuenta propia. Hace cinco años, en 2019, la incidencia era la mitad en el caso de los trabajadores con un empleador.

El informe eleva a 135.187 millones de euros el coste de estos procesos teniendo en cuenta el impacto total que puede provocar el absentismo, es decir, contabilizando el derivado de los bienes y servicios que se dejaron de producir al faltar el trabajador, aunque rebaja esa cifra a 75.080 millones si el empresario optó por sustituir el empleado de baja.

De los 25.300 millones de euros de coste directo generado por los procesos de baja en 2023, 13.081 millones respondieron al pago de las prestaciones (un 16 % más que el año anterior).

El gasto medio por trabajador fue de 687 euros (un 14% más), ya que la cantidad media que desembolsaron las entidades gestoras de la Seguridad Social ascendió a 1.257 euros (un 7% más), mientras que la de las mutuas se situó en los 555,21 euros (el 14% más).

Para las empresas, el aumento de los procesos, así como los complementos y mejoras previstos en los convenios colectivos a los que tienen que hacer frente, elevó un 20% la cuantía en 2023, hasta los 12.245 millones.

El coste para las empresas viene derivado de la prestación económica desde el tercer y hasta el décimo quinto día de baja y de los complementos y mejoras si así lo recoge el convenio colectivo, así como de las cotizaciones sociales.

AMAT ve riesgo para la salud de los trabajadores

Para AMAT, esta situación provoca un "riesgo para la salud de los trabajadores", ya que eleva la burocracia de estas gestiones y las listas de espera en la sanidad pública, al tiempo que supone "un gasto innecesario".

Además, merma la competitividad de las empresas, suponiendo "un lastre para la creación de empleo y el crecimiento económico".

Como solución al problema, AMAT propone "reconocer a las mutuas la posibilidad de prestar asistencia sanitaria integral y de emitir altas médicas en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, al menos en patologías traumatológicas y osteoarticulares".

Ello podría llevarse a cabo, explican, al igual que en los procesos derivados de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo un "mecanismo de garantía para los trabajadores" como el que ya existe para esos casos.

AMAT también plantea evitar, suprimir o reducir los "complementos y mejoras a la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes en los convenios colectivos" y "rebajar el porcentaje que se aplica a la base reguladora para el cálculo de la prestación", aunque teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad o su evolución.

La patronal de las mutuas detalla que casi 1,3 millones de trabajadores que sufrieron un proceso de contingencia común por patología traumatológica tardaron en recuperar su salud 26 días más, un tiempo que, dicen, podría recortarse a la mitad con sus propuestas.

También, añaden, podrían reducirse las listas de espera sanitarias y recortarse en 2.630 millones de euros el gasto innecesario, de los que 1.650 millones se los ahorraría la Seguridad Social y otros 980 millones, las empresas.